Normativa empresarial (1598)

Se ha publicado en el BOE, con fecha 22 de abril, el Real Decreto – Ley 15/2020, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Como consecuencia de las medidas excepcionales adoptadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, muchas actividades económicas se han visto obligadas a suspender su actividad o a reducir drásticamente la misma.

En el Capítulo III, se desarrollan las medidas fiscales.

Impuesto sobre el Valor Añadido:

• Para las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19: de manera temporal, hasta el 31 de julio de 2020, se dispone un tipo impositivo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido de los que se incluyen en el anexo único, siempre que sus destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social (Art. 20 Ley 37/1992). Se documentarán en factura como operaciones exentas (art. 8) y no limitarán el derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido de las cuotas soportadas.
• Se prevé el tipo superreducido del 4 por ciento para los libros, periódicos y revistas que tengan la consideración de servicios prestados por vía electrónica (disposición final segunda) 

Impuesto sobre Sociedades:

Para a los períodos impositivos que se hayan iniciado a partir del 1 de enero de 2020:

Se ha publicado en el BOE, con fecha 22 de abril, el Real Decreto – Ley 15/2020, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Como consecuencia de las medidas excepcionales adoptadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, muchas actividades económicas se han visto obligadas a suspender su actividad o a reducir drásticamente la misma.

En el Capítulo I, se desarrollan las medidas para reducir los costes de pymes y autónomos.

Se reconoce que la falta de ingresos o minoración de los mismos durante el estado de alarma, puede dar lugar a la incapacidad financiera de autónomos y pymes, para hacer frente al pago de renta de locales en alquiler que pone en riesgo la continuidad de sus actividades.

Arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes tenedores: la persona física o jurídica con un contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda podrá solicitar de la empresa o entidad pública de vivienda o al gran tenedor, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto – ley, la moratoria en el pago de la renta arrendaticia que deberá ser aceptada por el arrendador siempre que no se hubiera llegado a un acuerdo anterior entre ambas partes sobre moratoria o reducción de renta.

La moratoria anterior se aplicará de manera automática y afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prorrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con el impacto provocado por el COVID – 19.

Otros arrendamientos para uso distinto del de vivienda: la persona física o jurídica con un contrato de arrendamiento, cuyo arrendador no sea gran tenedor, podrá solicitar a la persona arrendadora, en el plazo de un mes desde la entrada de este Real Decreto – Ley el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que no se hubiera acordado por ambas partes anteriormente.

Podrán acceder a las medidas anteriores, los autónomos arrendatarios cuando cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo